Casi ocho meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en el marco de la Operación Southern Spear desplegada por Washington en el Caribe, Venezuela continúa atravesando un proceso de transición política marcado por avances parciales, divisiones dentro de la propia oposición y la persistencia de estructuras del antiguo régimen en distintas zonas del territorio nacional, según coinciden múltiples análisis internacionales sobre el estado actual del país.
La Operación Southern Spear, lanzada formalmente en noviembre de 2025 por el entonces secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, bajo el argumento declarado de combatir a organizaciones de narcotráfico en el Caribe, involucró el despliegue de aproximadamente 15.000 efectivos estadounidenses, uno de los mayores movimientos militares de Estados Unidos en la región desde el fin de la Guerra Fría, con bombarderos, drones, portaaviones y buques de asalto anfibio. Analistas del Council on Foreign Relations señalaron en su momento que existía «un fuerte desajuste» entre el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y la escala real del despliegue militar utilizado.
Tras la captura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, el entonces presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos «administraría» Venezuela durante el período de transición. La dirigente opositora María Corina Machado reclamó en ese momento que fuera Edmundo González Urrutia —reconocido internacionalmente como el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, con 7,4 millones de votos frente a 3,3 millones de Maduro— quien asumiera la conducción del país.
González, quien debió exiliarse en España tras las amenazas recibidas luego de la elección de 2024 y cuyo yerno, Rafael Tudares, fue secuestrado en enero de 2025 y posteriormente condenado a 30 años de prisión por el régimen chavista, ha sido descrito por diversos medios como el líder llamado a encabezar la reconstrucción institucional de Venezuela tras años de gobierno autoritario. «Fue un robo total», declaró González respecto de la proclamación de victoria que en su momento hizo el chavismo a favor de Maduro, remarcando su intención de sostener la presión diplomática por canales institucionales durante su exilio.
Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios advierten que la salida de Maduro no equivale, por sí sola, a la desaparición de las estructuras de poder que sostuvieron durante años al chavismo. «Maduro se fue, pero los elementos represivos del régimen siguen ahí», señaló un experto citado por el Council on Foreign Relations, en referencia al control que distintos grupos armados y estructuras del antiguo aparato de seguridad continúan ejerciendo sobre determinadas zonas del territorio venezolano, un factor que complica de manera directa cualquier proceso ordenado de transición democrática y de reconstrucción institucional.
La propia oposición venezolana ha mostrado signos de fractura interna en los meses posteriores a la captura de Maduro. Reportes de finales de julio de 2026 dieron cuenta de que Machado y González se distanciaron de una negociación tutelada por Estados Unidos con sectores vinculados al chavismo, de la cual la propia Machado no formó parte, evidenciando divisiones dentro del liderazgo opositor sobre la estrategia a seguir para consolidar una transición institucional plena, en un escenario donde persisten dudas sobre qué actores deben liderar ese proceso y bajo qué reglas.
En el plano internacional, la reacción a la operación estadounidense estuvo lejos de ser unánime. Gobiernos como los de El Salvador y República Dominicana expresaron respaldo a la acción de Washington, mientras que Colombia, bajo la entonces presidencia de Gustavo Petro, suspendió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos en protesta por la intervención, y Ecuador rechazó la instalación de bases militares extranjeras en su territorio como parte del despliegue regional. Rusia, por su parte, condenó la operación como una «agresión armada» y reclamó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que la Unión Europea había reconocido previamente el triunfo electoral de González en 2024.
A ocho meses de estos hechos, el desafío que enfrenta Venezuela sigue siendo, según coinciden los análisis disponibles, el de reconstruir un país profundamente fracturado tras décadas de gobierno autoritario, restaurar instituciones democráticas y el Estado de derecho, y sanar un trauma social extendido, todo ello en un contexto donde la propia definición de quién ejerce la autoridad efectiva sobre el territorio venezolano, y con qué grado de legitimidad interna e internacional, continúa siendo objeto de disputa entre distintos actores políticos, tanto dentro como fuera del país.