Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejando un saldo que las autoridades continúan actualizando y que, hasta el momento, supera las 285 personas fallecidas según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 7:34 de la mañana y se sintió con fuerza en gran parte del territorio nacional, incluyendo ciudades a cientos de kilómetros de distancia del epicentro.
Las zonas más afectadas por el movimiento telúrico fueron Cali, en el Valle del Cauca; Pereira, en Risaralda; Manizales, en Caldas; Armenia, en Quindío; y Quibdó, capital del Chocó. En estas cinco capitales, declaradas en alerta roja por las autoridades, se reportaron 311 estructuras colapsadas, además de derrumbes significativos de viviendas y daños estructurales generalizados en edificaciones de distinta antigüedad. Las imágenes que circularon en las horas posteriores al sismo mostraron fachadas desprendidas, calles cubiertas de escombros y equipos de emergencia desplegándose en simultáneo en varios frentes.
El balance humano del terremoto continúa siendo motivo de seguimiento constante por parte de los organismos de socorro. Según las cifras más recientes de la Ungrd, el número de fallecidos se ubica entre 285 y 289 personas, entre ellas 17 menores de edad. A esa cifra se suman aproximadamente 4.000 heridos atendidos en centros de salud de las distintas ciudades afectadas, mientras que el número de desaparecidos —una cifra que suele ser la más volátil en las horas y días posteriores a un sismo de esta magnitud— se ha reportado de manera dispar según la fuente, con estimaciones que van de 143 a 375 personas, a medida que avanzan los operativos de búsqueda en las zonas de mayor destrucción.
El gobierno colombiano activó de forma inmediata protocolos de emergencia extraordinarios, que incluyeron el despliegue de equipos de rescate especializados hacia las capitales más golpeadas, la habilitación de albergues temporales para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas por riesgo de colapso, y la coordinación de operaciones de búsqueda y rescate que, días después del sismo, continuaban activas en varios puntos del eje cafetero y el Chocó. La magnitud del despliegue —cinco capitales departamentales en alerta roja de manera simultánea— da cuenta de la escala de un desastre que las autoridades describieron como uno de los más severos que ha enfrentado el país en las últimas décadas.
Colombia se ubica en una región de alta actividad sísmica, atravesada por el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que históricamente ha expuesto a buena parte de su territorio a terremotos de magnitud considerable. Sin embargo, la combinación de la intensidad del sismo del 10 de agosto, su cercanía a varias zonas densamente pobladas del eje cafetero y del Pacífico colombiano, y la vulnerabilidad estructural de numerosas edificaciones antiguas en esas ciudades, explican en buena medida la magnitud del impacto humano y material registrado esta vez.
En los días posteriores al terremoto, la atención se ha concentrado en dos frentes paralelos: por un lado, sostener y ampliar las labores de búsqueda y rescate en las estructuras colapsadas, donde persiste la posibilidad de encontrar con vida a personas atrapadas bajo los escombros; por otro, comenzar a dimensionar el proceso de reconstrucción que deberán enfrentar las comunidades afectadas, muchas de las cuales han quedado sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o atención médica cercana. Organismos internacionales y países vecinos han comenzado a manifestar su disposición a colaborar con ayuda humanitaria, mientras el gobierno nacional evalúa la magnitud total de los daños para definir el alcance de un plan de reconstrucción que, dada la escala del desastre, previsiblemente se extenderá durante varios meses.
La experiencia de sismos anteriores en la región cafetera —zona que ya sufrió un terremoto devastador en 1999— vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la actualización de los códigos de construcción sismorresistente y su aplicación efectiva en edificaciones antiguas, un factor que expertos en gestión de riesgo señalan como determinante a la hora de explicar por qué algunas estructuras colapsaron mientras otras, construidas o reforzadas bajo normas más recientes, resistieron el movimiento telúrico con menores daños. En los próximos meses, ese análisis técnico probablemente alimentará el diseño de las políticas de reconstrucción, con la meta de que las nuevas edificaciones sean capaces de resistir eventos sísmicos de magnitud similar.